Oídos sordos

Con esta entrada pretendo hacer un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los que los encargados están más encaminados en ver hacia la siguiente elección que en resolver problemas. Los hechos sucedidos este lunes en la carretea México-Toluca a la altura del poblado de La Marquesa es algo que debería poner sobre aviso a los tres niveles de gobierno. Bien lo dijo Luis Cárdenas en su noticiero, cuando nos alegramos de la muerte de este tipo de lacras a manos de un civil armado por la incapacidad de las autoridades de procurar e impartir justicia es algo para preocuparse, más cuando la clase política discute en estos momentos una reforma para permitir la portación de armas en todo momento, lo que podría desencadenar el ajusticiamiento de delincuentes por la propia mano de los ciudadanos. Anteriormente había expresado mi preocupación hacia los grupos de autodefensa.

Todo este asunto me genera sentimientos encontrados. Por un lado quisiera apoyar a mis conciudadanos, porque no puedo negar la incapacidad de las autoridades; y por el otro no puedo dejar de pensar que es un grave error que los ciudadanos porten armas libremente en especial después de ver las matanzas en Estados Unidos. Sin embargo, no todo es culpa de las autoridades, también la ciudadanía tiene mucha responsabilidad en el asunto de la delincuencia. La narcocultura, las protestas por la captura de “El Chapo” en Sinaloa o la gente que protege a los que atracan el ferrocarril en Guanajuato, por citar algunos ejemplos. Todo esto se convirtió en un círculo vicioso de consecuencias inimaginables y hay que resaltar que la inconformidad con las autoridades hace estallar revoluciones, que en nuestro país han traído consecuencias trágicas y fratricidas para el pueblo y los dirigentes, respectivamente. Desde luego, como siempre, los mexicanos se echan la pelota unos a otros, en este caso la población a la autoridad y viceversa, en lugar de asumir cada quien su responsabilidad, lo que no lleva a ninguna parte.

La lista de fallas en la procuración de justicia es bastante larga, así que solo hablare de los que considero los más importantes. En primer lugar tenemos a la aparentemente insuperable corrupción, ese flagelo que nos ha azotado desde la independencia hace casi 200 años. En México tenemos policías que se dedican a extorsionar a la ciudadanía en lugar de vigilar el cumplimiento de las leyes. La mayoría de las policías municipales del país tienen equipos y capacitación por demás deficientes. Si agregamos los bajos sueldos, no es difícil imaginar porque las fuerzas policiacas municipales se coluden con el crimen organizado; o delinquen por su propia cuenta o por órdenes de sus superiores. Esto es algo que ya se había criticado en la película de Mario Moreno “Cantinflas”, “El patrullero 777”, donde trata los vicios de los capitalinos a inicios del gobierno de José López Portillo y las corruptelas de los cuerpos policiacos al mando de Alfonso “El negro” Durazo, y todo esto podría tener más actualidad que nunca, ya que la población desconfía de las autoridades y está tomando la justicia en sus propias manos.

Ahora bien, los errores en el poder judicial tienen que ver con los lentos procesos y el hecho de que todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esto ha derivado en que las cárceles están llenas de inocentes y los culpables en la calle. Esto se pretende resolver con el sistema oral, pero tengo mis reservas después del caso de Marisela Escobedo y su hija. Entonces no nada más se trata de hacer los juicios de otro modo, hay que hacer la justicia accesible para la población. El problema con el poder judicial es que se vende al mejor postor y está lleno de amiguismos y nepotismo, por lo que urge hacer reformas para evitar este tipo de prácticas.

El gobierno federal también se ha mostrado débil en hacer prevalecer la ley, tal es el caso del movimiento magisterial o el prófugo Javier Duarte. En el primer caso, lejos de instalar mesad de diálogo, lo que se debe hacer es enviar a la cárcel a los maestros y normalistas que secuestren autobuses, bloqueen vías de comunicación y destruyan propiedad pública y privada. Los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa se dedicaron a esto, y en parte les pasó lo que les pasó por la cobardía del gobierno federal que no les puso un hasta aquí a tiempo. En el caso de Javier Duarte, la justicia no se debe negociar, debe aplicarse por igual, y más les vale que lo encuentren por el bien de la administración peñista. En ambos casos se demuestra que la ley no se debe negociar. Aunque no sé para qué me desgasto, todo lo anterior es predicar en el desierto para una clase política que hace oídos sordos a nuestros problemas.