El proceso electoral del
año que inicia es bastante complicado pues entre las acusaciones de corrupción y
propuestas demagógicas temo decir que no tenemos los líderes que necesitamos. Uno
de los temas pilares de las presentes campañas electorales es el combate a la corrupción
que aqueja al país. Contrario a lo que la mayoría pudiera pensar, la corrupción
es un problema que aqueja a cualquier político porque es algo que no diferencia
de ideologías o partidos políticos, puede afectar a la izquierda o la derecha. Sin
embargo, y dado que en la actualidad se está viviendo en una especie de
dictadura de lo políticamente correcto, a la izquierda no se le acusa de actos
de corrupción porque actúan (supuestamente) en beneficio de las “mayorías más
necesitadas”. Entre gobernadores acusados de peculado y funcionarios federales
que son exhibidos como parte de una estafa maestra queda claro que el panorama
no es alentador en ningún sentido. Y sin embargo, es algo que no queda muy
claro en las campañas por la amada silla presidencial.
De cuando el PRI era el
amo y señor mantenemos todavía algunas estructuras corporativas que en cierto
modo impiden el desarrollo nacional. Estas son sindicatos y organizaciones
populares que están al servicio del tricolor y otros partidos para darles votos
a cambio de privilegios en detrimento del bienestar de la mayoría. Esto es el
corporativismo del que tanto he hablado. Con las prebendas dadas por los
diferentes gobiernos hicieron que los líderes sindicales, de organizaciones
campesinas y otras del sector popular se convirtieran en parte del saqueo del
que han hecho al país su principal víctima. Lo peor del caso es que en los 12
años que el PAN detentó el poder no hizo nada por desmantelar dicho sistema a
pesar de que los fundadores de dicho partido siempre fueron opositores a ese
tipo de prácticas clientelares. Prueba de lo anterior fue el poder que ganó
Elba Esther Gordillo durante los sexenios de Fox y Calderón. Sin embargo, López
Obrador quiere hacer la insensatez de derogar la reforma educativa a cambio de
unos cuantos votos y que le negará a las futuras generaciones el derecho a una educación
de calidad y nos seguirá condenando al retraso que nos tiene contra las
cuerdas. Si alguno de sus seguidores está leyendo esta entrada en serio debería
tomar en cuenta esto pues la práctica fue inventada por el PRI con el objetivo
de mantenerse en el poder durante mucho tiempo y a la postre tuvo consecuencias
negativas en varios aspectos.
El segundo punto a tratar
es el tema relacionado con los altos funcionarios públicos que cometen actos de
corrupción. Del que más se habla últimamente es el peculado porque hay
funcionarios de los tres órdenes de gobierno acusados de desviar recursos
públicos a sus cuentas personales. Pero de los que se habla muy poco o
prácticamente nada son del soborno y el tráfico de influencias. Ambos permiten
la adjudicación de contratos públicos u obtener información privilegiada para
hacer negocios. El soborno y el tráfico de influencias permiten la existencia
de fortunas hechas al amparo del poder político al impedir la competencia económica
y que distorsionan la economía. Y no solo beneficia a empresarios sino que también
hay grupos clientelares que obtienen ganancias fabulosas de estas prácticas
como son los sindicatos como el petrolero o el de electricistas que además en
muchos casos son aviadores, no cumplen con los conocimientos o habilidades para
realizar su trabajo y tienen inamovilidad y todo a cambio de unos cuantos votos
para el partido en turno.
Y por último hay que
tratar el tema de que se hace y que se puede hacer para combatir el problema y
este es un tema ineludible en el presente proceso electoral. Como lo he dicho
antes, la corrupción no es algo exclusivo de alguna ideología, es decir, puede
ocurrir tanto en gobiernos de izquierda o de derecha. En la izquierda están
Graco Ramírez y Arturo Núñez, en el centro están los Duarte, Roberto Borge y
los Moreira, y en la derecha están Guillermo Padrés y Emilio González Márquez. Ahora
bien, lo que querían hacer los legisladores del PRI al querer nombrar al fiscal
anticorrupción a modo corresponde a un intento de cubrir las fechorías de sus
militantes que no son pocas ni menores. En lo que más se necesita avanzar es en
materia de transparencia y rendición de cuentas pero en las campañas no se han
visto propuestas de ese tipo. No concuerdo con el señor Meade en que hay que
aumentar las condenas si no hay modo de llevar a los políticos corruptos ante
la justicia y en eso se ha trabajado poco. No estoy de acuerdo con Anaya porque
la entrada de un partido opositor no significa limpieza automática del sistema.
La propuesta más descabellada hasta el momento en la materia porque pretende
hacer el combate de manera vertical es la de López Obrador. Y dados los escándalos
de Rene Bejarano y Carlos Ponce uno puede darse cuenta lo inefectivos que son. La
participación de la sociedad civil en la prevención y el combate a la corrupción
es vital pero el dueño de MORENA quiere hacerle creer a la población que con su
solo ejemplo basta aunque esto no impidió que Bajaran recibiera sobornos. López
Obrador propone mayores controles presidenciales aunque esto puede resultar
contraproducente. En realidad, ninguno de los tres candidatos tiene propuestas
serias para combatir y prevenir la corrupción de manera efectiva.
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