El presidencialismo en la era de MORENA

A la mayoría de los millennials (yo incluido) no les toco la época del presidencialismo absoluto, que consiste en que el presidente es el que toma las decisiones sin consultar con el poder legislativo o el judicial. Este sistema de gobierno fue fundado durante la presidencia de Lázaro Cárdenas luego de expulsar a Plutarco Elías Calles. En esencia, es una dictadura disfrazada de democracia, pues aunque se cambia de presidente conforme al marco legal, el titular del ejecutivo ejerce el control absoluto del país sin rendir cuentas a nadie. No fue sino hasta el final del siglo pasado que los contrapesos comenzaron a hacerse evidentes cuando la oposición al PRI tomó relevancia al apoderarse de la Cámara de Diputados luego de las elecciones de 1997, y de ahí los contrapesos al poder presidencial comenzaron a ser más efectivos. Aunque hay que decir que todavía queda mucho camino por recorrer, si se ha avanzado mucho desde entonces.

Debemos recordar que el PRD y MORENA salieron del ala izquierda del PRI, que era la que apoyaba al estado controlando todo, hasta la economía, y de ahí fue de donde salió el presidente López Obrador, pues de hecho se afilió al partido tricolor en la época de Luis Echeverría, presidente partidario de una economía estatizada y decidiendo que se podía fabricar y que se podía importar. De ahí que el presidente haya estado en desacuerdo con el arreglo para otorgar créditos entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios, pues es algo sobre lo que él no tiene control y además no puede sacar renta política del acuerdo. Pero lo que se viene ahora con la abyección de los legisladores de MORENA (salvo Porfirio Muñoz Ledo) para otorgar al presidente la facultad de decidir sobre el presupuesto de egresos de la federación es inconstitucional y estoy seguro de que responde a algunas predicciones que ya han elucubrado algunos analistas y un servidor. En primer lugar, tenemos que el presupuesto no alcanza para nada porque el presidente se ha embarcado en proyectos que tienen poca rentabilidad y se construyen en su totalidad con recursos del erario, de ahí que le hayan quitado dinero a salud, educación. Otro tanto por ciento se va en los programas sociales, llamados del “bienestar”, que no ayudan a paliar la pobreza, sino a obtener una masa de abyectos que no dudaran en votar por el partido del presidente en las elecciones y el presidente quiere reacomodar el presupuesto para garantizar sus proyectos inviables y que la masa de seguidores que reciben dinero regalado de nuestros impuestos voten por su partido político.

Y hablando de elecciones, yo estoy seguro (y no soy el único, de eso también esto seguro) de que el presidente López Obrador sabe muy bien que el año que viene tendrán resultados adversos en las elecciones intermedias. Entre otros cargos, se renueva a los integrantes de la Cámara de Diputados, que es la que tiene la facultad constitucional de decidir el presupuesto de la federación, incluyendo por supuesto la de recortar algunas áreas y aumentar otras. Además, la Auditoria Superior de la Federación está a cargo de la misma Cámara de Diputados y no dudo que si la cámara baja del congreso queda en manos de la oposición ejercerán un control bastante pesado sobre el dinero gastado del presupuesto. Hasta ahora el presidente no ha tenido problemas debido a que MORENA tiene mayoría de diputados, por lo que el presupuesto pasa sin modificar una sola coma de la solicitud del ejecutivo, pero eso podría cambiar el año que viene. Gobernar mal tiene consecuencias, y el presidente López Obrador está a punto de conocer los efectos negativos de su gobierno. Y lo peor del caso es que el presidente se niega a rectificar el camino, pensando así que sus seguidores (que cada vez son menos) lo seguirán apoyando hasta la ignominia.

Aunque eso sí, hay que aclarar que el presidente López Obrador ha reiterado en diversas ocasiones que se tienen los recursos para enfrentar la pandemia de coronavirus y la consiguiente crisis económica mundial, pero su actitud y la evidencia muestran lo contrario. En otro acto de autoritarismo, se ordenó que los funcionarios públicos que tuvieran un sueldo superior a 25 mil pesos (unos 1250 USD al tipo de cambio actual) tendrían que “donar” de manera obligatoria el 25% de su sueldo y no tendrían aguinaldo (un bono que se otorga a los trabajadores a fin de año y que en la legislación mexicana es una prestación obligatoria) para obtener los recursos para paliar la crisis. Aunque los cálculos más optimistas indican que solo se obtendría menos del 1% de los recursos que se necesitan para enfrentar la pandemia, el presidente lo hace para quedar bien con sus seguidores, que votaron por él para quitar la pensión vitalicia que tenían los ex presidentes desde el momento en el que dejaron el cargo. Sin embargo, la crítica a la medida no se hizo esperar, pues el aguinaldo es un derecho de los trabajadores plasmado en la legislación laboral mexicana, incluso en el artículo 123 constitucional. Y por eso dijeron que sería voluntario. Como dice Brozo, son tan básicos que no te puedes tragar ese cuento, pues aunque dicen que la firma de la carta compromiso no es obligatoria, no me cabe la menor duda de que van a vilipendiar a aquellos funcionarios que se nieguen a renunciar a sus derechos laborales. ¿Dónde está la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, que es muy buena para denunciar los atropellos del sector privado pero se hace ojo de hormiga con los abusos del gobierno hacia los trabajadores del Estado? Y por eso reitero que no me cabe la menor duda de que la izquierda que dice defender al proletariado hablando de sindicatos y derecho a huelga y otras cosas que suenan muy bonitas, son los mayores explotadores de la clase trabajadora al negarles esos derechos a los obreros que dicen proteger. Pero en fin, el autoritarismo del presidente da mucho para escribir.